Nido de Víboras

SSSSSSSS… Muy vieja la discusión sobre los retenes anti-alcohol que implementa Tránsito Municipal, en especial los fines de semana, para detectar a conductores de vehículos en estado inconveniente, quienes son una verdadera amenaza para la vida de ellos mismos y de personas inocentes, que ni la deben no la temen. Obvio, los quejosos más airados siempre han sido los propietarios de restaurantes, bares y toda clase de tugurios donde la gente gusta de divertirse a la más clásica usanza sonorense, esto es, ingiriendo cerveza en cantidades industriales.

Estos comerciantes siempre han alegado que esas medidas afectan a su economía, pues inhiben a los clientes a acudir a sus negocios, obligando a algunos consumir el mínimo de alcohol.

Por otro lado, tampoco han faltado los sabihondos en leyes que alegan violaciones a las garantías individuales, por coartar esos retenes de la policía el derecho al libre tránsito de las personas.

A esta última postura se suman aquellas quejas de que los retenes son el perfecto pretexto para que los agentes policiacos apostados en esos filtros, extorsionen a automovilistas “pasaditos de copas”,  y ni se diga a los que literalmente –en lenguaje popular- se ponen “hasta el cepillo”.

La población siempre ha dicho, y esta versión la han corroborado algunos desvergonzados agentes de la misma policía, que desde que se implementaron estos operativos, una “buena noche” de retenes podría dejar varios miles de pesos a la administración municipal, si –y solo si- quienes se encargan de aplicar la ley fuesen honestos y reportaran todo el dinero a la Comuna.

Pero, no siempre sucede así y los deshonestos policías, o se embolsan el dinero que recogen, o lo reportan a sus superiores.

Esta discusión es muy vieja, insistimos, y se seguirá prolongando, pues vivimos en un país y en un estado, donde nos acostumbramos a que la Ley no se aplique; basta con que un grupo de personas sienta que sus intereses son lastimados, para ejercer toda clase de presión sobre las autoridades, desde bloqueos, plantones, marchas, pintas, destrozos y cualquier cantidad de desmanes.

Aquí en Hermosillo, en Sonora y en todo México dejó de aplicarse la Ley por cuestiones político-electorales desde hace muchas décadas y, por lo que se ve, esto seguirá siendo así durante mucho tiempo más.

En países como Estados Unidos, por ejemplo, las leyes son durísimas en lo que respecta a manejar un automóvil o cualquier otro vehículo en estado de ebriedad. Las penas de cárcel y económicas son altísimas, y si llegara a haber lesionados o muertes de terceros, funden al responsable.

Eso no ha evitado que la gente siga consumiendo alcohol y drogas al manejar y que se siga matando en accidentes de tránsito; Pero, allá cada quien escoge hacer lo que se le pega en gana; se debe atener a las consecuencias y pagar los platos rotos. Sea quien sea.

Algo impensable aquí en México, donde los influyentes y los que traen lana para sobornar a la policía, siempre se salen con la suya. El círculo vicioso de siempre que no se romperá.

Y volviendo al tema inicial, la opinión sobre los retenes anti-alcohol que se debiera tomar en cuenta y que debe servir de guía para la actuación firme y decidida para que las autoridades no se dejen chantajear, no es la de esos restauranteros voraces a los que les importa un pito la vida de los demás, mientras ellos sigan ganando su dinerito.

Tampoco la de los “huizacheros” defensores de los derechos humanos y mucho menos la de jóvenes irresponsables que no alcanzan a entender bien a bien que “metiéndose” alcohol y toda clase de sustancias y manejando sus autos ponen en peligro su vida y la de los demás.

Mejor que les pidan su opinión sobre si los retenes deben seguir funcionando y si la Ley se debe aplicar con todo el rigor posible, a los familiares de las víctimas inocentes de estúpidos borrachos, a muchos de los cuales, “por una lanita” los dejaron ir policías corruptos en un retén y luego hicieron su desmadre.

Y que los líderes de restauranteros les expongan sus argumentos “chafas” a padres y madres de familia de esas víctimas de borrachos irresponsables; incluso, a familiares de estos últimos, a ver si no preferirían que se hubiera aplicado la Ley con todo el rigor posible en aquel momento, pues de esa manera sus hijos estarían aún vivos.

Ya por muchos años hemos tenido autoridades laxas, temerosas de que un grupo de fenicios los amenacen con hacerles un plantón, si no suspenden los retenes perniciosos que afectan la economía de sus negocios.

Es hora de que se aplique la Ley en ese y en todos los ámbitos de la vida en comunidad y que no esté condicionada a la voluntad de ningún grupo social. 

SSSSSSSS… Según enterados de esos asuntos, era casi imposible que el Congreso del Estado le diera luz verde a la solicitud de juicio político en contra el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Así, por considerar su no procedencia, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo desechó ese recurso en contra del munícipe y de la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras. Tocó al diputado Jacobo Mendoza señalar que no se reunieron las pruebas suficientes que determina la ley en contra de estas autoridades.

La demanda de juicio político en contra de “Toño” fue interpuesta por la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo quienes, Usted lo recordará, han hecho un verdadero desmadre en la circulación por el primerísimo cuadro de la ciudad, en pleno centro histórico y en otros puntos.

El proyecto de dictamen establece que la denuncia, así como las pruebas ofrecidas por la asociación de jubilados, no son suficientes para ameritar el inicio del procedimiento de juicio político en contra de Antonio Astiazarán, en su calidad de Alcalde de Hermosillo. Rotundo no, pues; y “pa’trás los filders”

Como se sabe, el gobierno de Hermosillo les retiró a ese grupo de jubilados algunos de los beneficios establecidos mediante convenios sindicales, razón por la cual plantearon el caso ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, y presentaron una denuncia ante la CEDH.

“Toño” se ha mantenido en su postura de que no está haciendo algo ilegal y seguramente sus abogados tienen razón, además de que la Comuna no está sobrada de dinero como para andarlo regalando.

Sin embargo, y aunque se haya rechazado la solicitud de juicio político, tampoco sería justo que no se le buscara una solución al problema que tiene ese grupo de jubilados, toda vez que sus ingresos son más que modestos y encima de ello, se les recortan beneficios.

Aquí debieran parar oreja los afiliados a sindicatos de gobierno, pues caras de líderes vemos, intereses no sabemos y aquí en el caso de estos jubilados, todo apunta a que los dirigentes de esos sindicatos fueron los que los dejaron colgados de la brocha.

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