El Mensajero
Lunes 10 de febrero de 2025
Hermosillo, Sonora
En el estado fronterizo de Sonora, el agua no es solo un recurso; es un tema de supervivencia, economía y conflicto social. La escasez hídrica en esta región del noroeste de México ha alcanzado niveles críticos, afectando no solo a las áreas urbanas como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales y Navojoa, sino también a las comunidades rurales y a la agricultura y la ganadería, pilares fundamentales de la economía local.
La sequía prolongada ha reducido el almacenamiento en las presas a niveles alarmantes, con reportes recientes indicando que algunas están al 10% de su capacidad, y a la vista humana, sin siquiera el espejo de agua qué años atrás, indicaba que no todo estaba perdido.
Este fenómeno natural, el de la sequía, exacerbado por prácticas de gestión del agua ineficientes y un incremento en la demanda urbana e industrial, ha colocado a Sonora en un estado de emergencia media.
La agricultura, que consume el 97% del agua disponible, enfrenta problemas de salinización y despilfarro, con pérdidas significativas durante la conducción debido a infraestructuras obsoletas.
Políticamente, el manejo del agua se ha convertido en una papa caliente.
El gobernador Alfonso Durazo ha hecho un llamado reciente a tratar el tema con neutralidad política, y algunos alcaldes, incluyendo al de oposición partidista, Antonio Astiazarán, junto a otros de Morena, se han sumado al llamado, pero la realidad es que la implementación de soluciones efectivas, como el Plan Hídrico Sonora, ofrecido por el gobernador sonorense; el modelo CUIDA, presentado por el alcalde de Hermosillo, y el proyecto del FOPIN, encabezado por el alcalde fronterizo Juan Gim, de Nogales; han sido un tanto cuento lentos, y a menudo politizados.
Los tres planes, que prometen infraestructuras para mejorar el acopio y distribución, aún no ha solucionado el desabasto inmediato, aunque ese es justamente el plan a corto plazo.
La inversión anunciada es prometedora, pero la ejecución y los resultados tangibles para el ciudadano común siguen siendo una incógnita.
La crisis no solo afecta el suministro para uso doméstico; sino que podría provocar la cancelación de cultivos y el desalojo de ganado, impactando directamente en la seguridad alimentaria y la economía rural.
Además, las empresas mineras, con grandes concesiones de agua, se ven como beneficiarias a costa de las comunidades locales, lo que ha generado descontento y movilizaciones sociales.
Para enfrentar este desafío, más allá de la construcción de infraestructuras, se requiere una reforma en la gestión del agua, que obligadamente incluya una cultura del cuidado del agua, que provoque al consumidor a cuidar el agua que requiere, y particularmente, que pague por esta.
Necesitamos un enfoque que incluya la reducción de pérdidas, la reutilización del agua tratada, y sobre todo, una política de Estado que priorice la sostenibilidad sobre los intereses sectoriales o políticos.
Sin esto, el futuro de Sonora parece correr el riesgo de secarse no solo en sus ríos y presas, sino en la esperanza de sus habitantes de vivir en un estado donde el agua no sea un lujo, sino una realidad cotidiana.
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