Nido de Víboras

SSSSSSSS… Explicada a grandes rasgos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Está dotada de autonomía técnica y de gestión.

El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Su origen se remonta a las funciones de fiscalización consignadas en la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz.

Esta primera Carta Magna dispuso en su artículo 350 la creación de la Contaduría Mayor de Cuentas para el examen de las cuentas derivadas de los caudales públicos. Una vez consumada la independencia nacional, en la Constitución Federal de 1824, se estableció como facultad exclusiva del Congreso General la revisión anual de las Cuentas Públicas. En consecuencia, el 16 de noviembre de ese mismo año se expidió el Decreto de la Ley de Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, con la cual se creó la Contaduría Mayor de Hacienda como institución dependiente de la Cámara de Diputados y encargada del “examen y glosa de las cuentas de gastos y crédito público”.

Las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda se alternaron en tres ocasiones con las de un Tribunal de Cuentas con atribuciones jurisdiccionales. En 1838 se instituyó el Tribunal de Revisión de Cuentas, al cual quedó adscrita la Contaduría Mayor de Hacienda. Este Tribunal cesó su operación en 1846, con lo cual se restituyó la posición de la Contaduría.

En 1853, por segunda ocasión, la Contaduría quedó bajo la jurisdicción de un Tribunal de Cuentas. Con la promulgación de la Constitución Política de la República de 1857, se retomó el estatus de la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano dependiente del Poder Legislativo del Congreso de la Unión. Sin embargo, durante el Segundo Imperio Mexicano, a través del Estatuto Provisional (1865), se reinstaló por última vez el Tribunal de Cuentas durante sólo dos años.

A partir de 1867 y hasta el 2000 la Contaduría Mayor de Hacienda operó de forma ininterrumpida y con la misma denominación. Su marco de atribuciones sufrió diversos ajustes enmarcados en cuatro reformas a su ley orgánica, correspondientes a 1896, 1904, 1936 y 1978.

De éstas destaca la última, ya que por primera vez se estipuló el carácter de la Contaduría como “órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la Cuenta Pública”; ​ denominación vigente hasta la actualidad.

La creación de la ASF es resultado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999,​ la cual previó la conformación de una nueva entidad de fiscalización superior, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Este cambio implicó la emisión de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual entró en vigor el 30 de diciembre del 2000, con lo cual se formalizó el inicio de operaciones de la ASF.

Pero, ayer lunes 22 de febrero de 2021 será recordada como la fecha de defunción de la Auditoría Superior de la Federación. Su muerte fue decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, molesto por los informes que arrojaron las revisiones a la Cuenta Pública del 2019, el primer año de gobierno de la cuarta Transformación.

El pasado fin de semana, el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, presentó ante la Cámara de Diputados la tercera entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019 que da cuenta del primer año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El organismo auditor detectó irregularidades en el gasto por 67,498 millones de pesos en el primer año de gobierno de AMLO. Además, refiere que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del actual gobierno de la 4T presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad.

TREN MAYA

Entre los hallazgos principales, a los cuales puede accederse a través de la página oficial de la ASF, se encuentra el referente al Tren Maya, en cuyo caso, advierte que presenta riesgo de no ser rentable, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) exageró las cifras de proyección de su uso para defender el plan, lo que implica “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.

Tampoco fue consultado debidamente a la población indígena, pues Fonatur hizo las asambleas informativas del proyecto en tan solo un día, y dejó fuera de la consulta a más de la mitad de las comunidades de la península de Yucatán (más de 2 millones de personas). Además, señala que es poco transparente en la adjudicación de contratos de obra, y que tiene pendiente por aclarar 156 millones de pesos.

Entre las irregularidades que se encontraron está la adjudicación injustificada de contratos en servicios de ingeniería básica, la incorrecta integración de precios unitarios; así como la duplicidad en pagos del personal directivo y técnico.

Se observaron además irregularidades en la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en los servicios pagados por 13 millones 190 mil pesos; y, debido a la falta de definición del trazo para la ejecución del Proyecto del Tren Maya se generaron gastos innecesarios por otros 6 millones 208 mil pesos.

REFINERÍA “DOS BOCAS”

Respecto a la refinería de “Dos Bocas” en Paraíso, Tabasco, subraya la ASF que inició obras antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde actualmente se construye y no plantea soluciones a corto plazo para paliar los efectos que esto conlleve.

Se detectaron irregularidades en el gasto de 75 millones de pesos por pagos no aprobados, y/o por pagos en los que no se encontró una correspondencia entre el volumen de material y servicios contratados con los montos erogados durante el avance de la obra en 2019.

AEROPUERTO SANTA LUCÍA

En lo referente al aeropuerto “Felipe Ángeles” o la Base Militar de Santa Lucía, pese a que la SEDENA, encargada de la obra, no entregó toda la información al argumentar que se trata de una obra de “seguridad nacional”, la ASF logró observar anormalidades que van desde que no se realizaron las estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del aeropuerto (lo que impide conocer si el proyecto será realmente rentable), hasta que hay “obstáculos (antenas, torres, avisos, entre otros) que estaban cerca del aeropuerto y características del terreno que podrían afectar los procedimientos de vuelo” y existen subcuencas con posible aportación de escurrimientos en la zona del proyecto.

Aunado a ello, la ASF hizo otra auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y detectó que, a pesar de que el gobierno actual dijo que costaría 100 mil millones de pesos, el costo real será de al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

En el apartado de programas sociales, la ASF halló múltiples irregularidades en el desempeño y en el gasto de algo más de 126 millones de pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de las secretarías del Trabajo y de Educación.

Este programa tiene por objetivo entregar una beca económica a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen para que aprendan un oficio en un centro de trabajo.

Sin embargo, la ASF determinó que el programa carece de mecanismos de control para verificar, monitorear y dar seguimiento tanto a los datos de los aspirantes a la beca, como de los Centros de Trabajo adscritos.

Los auditores detectaron que en el primer año de operación del programa hasta 68 personas recibieron más de 5 millones de pesos como beca, a pesar de que al momento de recibir los pagos habían fallecido.

La ASF también investigó una muestra de siete centros de trabajo en diferentes partes del país, donde supuestamente se capacitaron 718 jóvenes. Los auditores hallaron que cuatro de esos centros eran domicilios inexistentes o abandonados, o no tenían relación con el programa social.

Además, la ASF señaló un posible daño al erario por 50 millones de pesos por pagos realizados a más de 5 mil becarios que estaban inscritos a “Jóvenes Construyendo el Futuro” y que, al mismo tiempo, estaban recibiendo otras becas gubernamentales para que continuaran con sus estudios, lo cual contraviene la normativa del programa.

SEMBRANDO VIDA

Sobre “Sembrando Vida”, a cargo de la Secretaría de Bienestar, la ASF determinó que se dispersaron recursos por 4 mil 500 pesos mensuales, al menos en una ocasión, a 244 mil 657 sujetos agrarios, monto que les permitió contar con recursos superiores a la línea de bienestar rural establecida en 2 mil 008 pesos mensuales en ese año, para cubrir sus gastos alimenticios y no alimenticios, y preparar sus parcelas.

La Auditoría considera también que no está bien planeado, pues no identifica con precisión a la población objetivo; no se establecen los mecanismos para asegurar que, en la entrega de los apoyos, se priorizará a los sujetos agrarios jóvenes en edad productiva, a mujeres campesinas e indígenas, ni para realizar el seguimiento de la operación del programa, y tampoco los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con programas sociales similares.

Encontró deficiencias en el padrón de beneficiarios y fallas en el establecimiento de la periodicidad de los apoyos a cada uno de ellos, además de que no se precisaron las áreas responsables, ni las atribuciones para la operación.

Tampoco se comprobó el acompañamiento técnico a los beneficiados, ni la formación permanente que recibieron los técnicos sociales y productivos.



BECAS “BENITO JUÁREZ”

Relativo a las Becas Benito Juárez, que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación a familias con problemas económicos y/o en exclusión social, hallaron irregularidades por casi 264 millones de pesos.

La ASF documentó que 72 personas recibieron 115 mil pesos de beca, a pesar de que al momento de obtener la ayuda ya habían fallecido. También se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en el programa (sin especificar el monto total), y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios y a otros 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios por 15 millones 855 mil pesos.

PEMEX

Sobre PEMEX, establece que no se corrigió la situación y que tanto la producción como el almacenamiento tuvieron severas deficiencias.

Advierte que en su primer año de gestión al frente de la empresa estatal, Octavio Romero Oropeza, registró pérdidas por 348 mil millones de pesos en 2019 y “siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en ese año” además de que “presentó una alta probabilidad de quiebra técnica”.

“Las medidas llevadas a cabo por PEMEX, en ese año, fueron insuficientes para dar una respuesta efectiva a los riesgos financieros, de crédito y operativos a los que se encontró expuesta la empresa, los cuales se siguieron materializando, ya que: a) no generó valor económico agregado ni rentabilidad en su operación; b) se continuó degradando su calificación crediticia, y c) se redujeron las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), la extracción y producción de éstos, así como el procesamiento de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes”, sentenció el organismo.

Refirió que tampoco pudo erradicar el robo de combustible, mejor conocido como huachicol, pues según dice, se reportaron 13 mil 54 tomas clandestinas en 2019, de las cuales fueron extraídos 2.2 millones de barriles de petróleo y 123 mil toneladas de gas, por un costo estimado a Pemex de 4 mil 334 millones de pesos.

Esta situación alarmante ocurrió un año antes de la caída brutal e histórica en los precios del crudo, que desencadenó la crisis económica global provocada por la pandemia de COVID-19 y sacudió todavía más las finanzas de la petrolera mexicana.

NAIM

En la tercera y última parte de la revisión de la Cuenta Pública del 2019, la ASF detalló que la cancelación de la terminal aérea de Texcoco, conocida como Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ha costado 231 mil 886 millones de pesos MÁS de los 100 mil millones que costaría, según aseguró en abril de 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo que la SCT no evaluó otros factores.

En su informe, la ASF explicó que el Gobierno Federal consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos. Sin embargo, en su análisis, NO incluyó “implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”.

Lo más grave es que el costo de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco podría incrementarse, pues aún queda pendiente la liquidación del 70 por ciento de los bonos emitidos para financiar este proyecto.

En ese proceso, se deberán pagar las comisiones o intereses generados por dichos instrumentos que aún están en circulación y que no han sido recomprados.

“TENGO OTROS DATOS”: AMLO

A todo esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina de ayer lunes, que “están mal los datos de la ASF y son exagerados. Sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí, y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”.

Tras los dichos de AMLO, la ASF reculó y reconoció que “existen inconsistencias” en la cuantificación realizada en la auditoría relativa a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco“, señaló la Auditoría Superior en un comunicado emitido este lunes.

La Auditoria dijo en el comunicado que se detectó que el monto es “menor a lo estimado” por una deficiencia en la metodología.

“Se informa preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida”, detalló la ASF.



Con esta declaración, queda sellada la suerte de la ASF, organismo: Jamás volverá a ser vista y tratada con el respeto que siempre tuvo.

No obstante lo anteriormente señalado por la ASF, con todo y haya reculado su titular, David Colmenares, la aceptación del presidente López Obrador no decae, como tampoco cede a las denuncias por corrupción que se le han imputado a familiares y colaboradores suyos desde que inició su administración, las cuales desestima el mandatario en sus conferencias matutinas.

Es evidente que la oposición no ha encontrado la fórmula de cómo hacer mella en el ánimo de los mexicanos ante estos y otros señalamientos, pues con solo algunas de sus frases elaboradas, como esa de “Yo tengo otros datos” el mandatario se sacude cualquier acusación con marcada facilidad.

Se le acaba, pues, el tiempo a una oposición que no parece atinarle a cómo afectar la popularidad y la aceptación de  López Obrador, a base de difundir estas denuncias; además de que las movilizaciones de manifestantes durante las giras presidenciales son en realidad espontáneas y desorganizadas. Hay ausencia de activismo político.

Marzo, abril y mayo parecen tiempo insuficiente para que logre su objetivo la oposición; y más porque los líderes nacionales de esos partidos a nivel nacional, en lugar de hacer su trabajo, están más preocupados y ocupados por asegurar su supervivencia en el panorama político, repartiéndose candidaturas de los cargos que se disputarán el 6 de junio, principalmente escaños en la Cámara de Diputados.

No tiene, pues, de qué preocuparse el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cosas le están saliendo como él las ha planeado, pues la oposición en este país deja mucho qué desear.

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